Nuevo informe: Cómo reducir emisiones sin aumentar la deuda
Por Jonathan Marshall
Los defensores de la responsabilidad fiscal han tenido tanto éxito en los últimos años como los activistas del clima, ya que tanto la deuda nacional como la acumulación de carbono en la atmósfera se han disparado. Ahora, una destacada organización con sede en Washington ha encontrado la forma de unir ambas causas en un informe que elogia el potencial fiscal de un impuesto federales sobre el carbono, además de sus beneficios medioambientales.
En primer lugar, veamos quién ha redactado el informe. Fue publicado el jueves por el Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB, por sus siglas en inglés). El CRFB es un grupo no partidista y sin ánimo de lucro dirigido por una lista estelar de políticos y empresarios notables de ambos lados del pasillo, y tiene credibilidad entre muchos conservadores tradicionales. Su junta directiva incluye a antiguos jefes del presupuesto de las administraciones de Ronald Reagan y George W. Bush, a un alto asesor de política interior del presidente George H. W. Bush y al conservador fiscal Alan Simpson, que fue senador de Wyoming durante 18 años.
El informe, titulado “¿Puede un impuesto sobre el carbono financiar las inversiones climáticas?“, analiza las repercusiones medioambientales y presupuestarias de varios escenarios plausibles de política climática, incluida la reactivación de las disposiciones climáticas del proyecto de ley Reconstruir Mejor (BBB, por sus siglas en inglés), aprobado por la Cámara de Representantes, y los impuestos sobre el carbono de $20 por tonelada y $40 por tonelada (cada uno de los cuales crece un poco al año).
En particular, comparó las emisiones de dióxido de carbono previstas para 2030 con cada política con los niveles máximos de algo más de 6,000 millones de toneladas en 2005. El Compromiso de París obliga a Estados Unidos a reducir las emisiones a unos 3,000 millones de toneladas anuales para 2030.
Las disposiciones climáticas del BBB, cargadas de subsidios fiscales para una energía y un transporte más limpios, reducirían las emisiones de dióxido de carbono en un 34% para 2030 en relación con 2005. El paquete también costaría a los contribuyentes 550,000 millones de dólares a lo largo de 10 años, lo que provocaría un gran malestar entre los legisladores fiscalmente conservadores si no se paga de alguna manera.
El informe del CRFB proyecta que una tarifa al carbono de $40 por sí sola reduciría las emisiones en un 37% – mejor que las disposiciones climáticas del BBB, pero aún sin llegar a los objetivos estadounidenses de París – al tiempo que recaudaría 1.55 billones de dólares en nuevos ingresos netos. Si se combinan con el BBB, las dos políticas reducirían las emisiones en un 44% con respecto a 2005, a poca distancia del compromiso de Estados Unidos en París, y también recaudarían 900,000 millones de dólares netos en una década.
Los resultados no sorprenderán a los expertos en políticas que han seguido informes ampliamente consistentes (e incluso más optimistas) de equipos de investigación como Rhodium Group, Princeton REPEAT y Resources for the Future. Una de las razones es que el CRFB basó sus conclusiones en el Simulador de Políticas Energéticas desarrollado por Energy Innovation, que también fue utilizado por el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre la Crisis Climática para analizar sus propuestas en 2020.
Lo notable es que el fundador de Energy Innovation, el ingeniero y filántropo Hal Harvey, se ha mostrado bastante escéptico sobre la eficacia de la fijación de precios al carbono en los principales sectores de la economía (aunque sigue apoyando un precio creciente al carbono). Si incluso su modelo muestra resultados tan potentes con una modesta tarifa al carbono de $40, eso es un fuerte respaldo a la política central de CCL.
De hecho, el Proyecto de Ley de Innovación Energética y Dividendos del Carbono (EICDA, por sus siglas en inglés) superaría ese precio de $40 en el cuarto año. La virtud de una tarifa al carbono creciente es que probablemente superaría cualquiera de los escenarios modelados en este nuevo informe. Basándose en un modelo económico de reconocido prestigio y revisado por expertos, Resources for the Future ha proyectado el impacto en las emisiones anuales de dióxido de carbono de algunas de las principales propuestas de tarifas sobre el carbono presentadas en el Congreso en los últimos años. Varias de ellas, como el Proyecto de Ley de Innovación Energética, reducirían las emisiones anuales por debajo de los 3,000 millones de toneladas métricas y cumplirían el compromiso de emisiones de la administración Biden en ocho años:
Emisiones anuales (mil millones de toneladas métricas)
Fuente: Calculador de Precios al Carbono (rff.org)
Una tarifa creciente sobre el carbono podría alcanzar estos objetivos vitales sin ahondar en la deuda nacional. Al hacer subir el coste de los combustibles fósiles, proporciona enormes incentivos para la producción de energía renovable y la fabricación de tecnologías bajas en carbono sin necesidad de subvenciones. Devolver la mayor parte o la totalidad de los ingresos a los particulares, como propone CCL, compensaría con creces el mayor coste de la energía para la mayoría de las familias durante la transición a una economía baja en carbono, sin aumentar la deuda. También impulsaría el gasto de los consumidores, promovería el crecimiento del empleo y reforzaría el apoyo político a una política climática duradera.
Por supuesto, cuando hay mucho dinero en juego, seguramente se debatirá cómo gastarlo. Al menos, los partidarios de CCL pueden estar tranquilos sabiendo que nuestra política de Renta Climática satisface la conclusión principal del informe del CRFB:
“Si bien el cambio climático representa una grave amenaza para la seguridad y la prosperidad de las generaciones actuales y futuras, también lo es nuestra disparada deuda nacional. Los legisladores deben comprometerse a abordar lo primero sin exacerbar lo segundo”.
Nota del autor: Gracias a Dana Nuccitelli por sus útiles sugerencias sobre este blog.
Jonathan Marshall es Coordinador de Investigaciones Económicas con CCL.
